Maullidos Urbanos
Gato de Barrio
En Palacio Nacional se realizó el martes la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia, convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bajo circunstancias poco usuales las cuales hacen pensar que el mandatario se cura en salud públicamente.
El evento desarrollado en Palacio Nacional se prolongó por menos de una hora, a puerta cerrada, sin la presencia de los medios de comunicación, ni fue transmitido por la señal oficial del gobierno federal ni en sus diferentes redes sociales.
Estuvieron presentes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la gobernadora de Sonora y otros 28 mandatarios más, donde los ausentes fueron el de Sinaloa, Quirino Ordaz, y el de Jalisco, Enrique Alfar; incluso acudió el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, quien es investigado por las autoridades federales con el propósito de desaforarlo.
Entre los ausentes estuvieron los integrantes del Instituto Nacional Electoral, cuyos consejeros o por lo menos el presidente, debió haber sido invitado por el tipo de tema del que se trataba la firma del citado acuerdo pero simplemente fueron ignorados.
Varios gobernadores asistentes expresaron que desconocían el contenido del acuerdo, en particular los miembros de la llamada Alianza Federalista –sin reconocimiento oficial, ya que la única válida es la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago)–, quienes expresaron su inconformidad por solo haber hecho acto de presencia, sin que se les permitiera hacer el uso de la palabra o poder acercarse a López Obrador para formularle varios comentarios.
Al salir de Palacio Nacional mientras algunos mandatarios fueron formales en sus declaraciones; otros, como Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, minimizaron el acto y el neoleonés solo expresó que había acudido a solamente darse una vuelta.
Esa fue la esencia de la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia, el cual sencillamente resulta ser un acto innecesario, ya que tanto desviar recursos oficiales como apoyar a candidatos y partidos son actos claramente ilegales y penalizados legalmente.
Cuestionado sobre este acuerdo Lorenzo Córdova, presidente del INE, puntualizó que el cumplimiento de la ley no depende de la firma de un acuerdo, porque la legislación existe y se debe agregar que los funcionarios públicos, en particular quienes ocupan cargos de elección popular tienen la obligación de respetarla, tal como lo protestan al asumir su responsabilidad.
Resta esperar que con o sin acuerdo, estos actores políticos cumplan con el propósito de no involucrarse en los procesos electorales, por bien del futuro político del país.