Intento de asalto al Poder Judicial

Aunque no lo ha querido reconocer abiertamente, Andrés Manuel López Obrador desea regresar al México de mediados del Siglo XX, donde además de que el presidente de la república era quien concentraba en su persona todo el mando político al controlar a los poderes Legislativo y Judicial, también el gobierno federal era el propietario de gran cantidad empresas.
Con el paso del tiempo, por un lado se generó la transformación social y con la creación de diversos organismos autónomos, la ciudadanía logró acotar al poder presidencial y, por el otro, tuvieron que venderse o liquidarse todas aquellas empresas de propiedad oficial, ya que en lugar de generar utilidades requerían de fuertes subsidios para su operación, recursos que salían de los impuestos que pagaban los contribuyentes.
Por eso el interés de López Obrador de atacar a los neoliberales, al acusarlos de vender activos ineficientes como ferrocarriles, aerolíneas, entre otros, mismos que ahora pretende resucitar con su proyecto del tren Maya y la advertencia –o amenaza, por decirlo de otra forma–, para que los actuales concesionarios del servicio de carga también ofrezcan el de pasajeros o, de lo contrario, el gobierno lo asumirá. Además de resucitar a Mexicana de Aviación.
Actualmente, López Obrador a través de los legisladores federales de Morena, su partido, son mayoría simple tanto en la Cámara de Diputados y de Senadores, lo cual le permite que la inmensa mayoría de sus iniciativas de ley, llamémoslas las normales, sean aprobadas sin problemas, incluso sin cambiarle siquiera una coma, lo cual se le ha cumplido.
Sin embargo, para las reformas. las constitucionales se requiere de mayoría calificada, es decir sean aprobadas por al menos las dos terceras partes de los legisladores presentes al momento de debatirlas y someterlas al voto del pleno legislativo, situación que no cumplen los legisladores de Morena, incluso con el apoyo de sus partidos aliados, como son el del Trabajo y el Verde, razón por la cual requiere de acuerdos con la oposición para lograr la aprobación.
Por eso el interés presidencial de aplicar el ’Plan C’, es decir que en las elecciones de junio próximo, los ciudadanos voten no solo por Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena a la presidencia de la república sino, además, por todos quienes serán postulados a diputados federales y senadores, para tener esa mayoría calificada y así absolutamente todas sus iniciativas, por más absurdas qua parezcan, sean aprobadas de inmediato.
Pero será el voto ciudadano, libre y consciente, el que podrá evitar esa aberración, ya que lograría el control total del Poder Legislativo y solo le restaría tener el control del Poder Judicial, hecho que se la dificultado notablemente pero insiste en lograrlo.
Para ello en estos momentos y con la complicidad del ahora exmagistrado Arturo Zaldívar quien, sin una verdadera causa grave, renunció a su cargo en la Suprema Corte de Justicia para sumarse a la campaña de Sheinbaum, ahora se le presenta al inquilino de Palacio Nacional la oportunidad de proponer a otro jurista a su favor para sumarlo al Poder Judicial.
Pero existe una condición para aprobar a al nuevo magistrado: se requiere el voto de la mayoría calificada del Senado. Por ello, de acuerdo a la Constitución, se podrán enviar hasta dos ternas con tres propuestas cada una y, en caso de ser rechazadas ambas, entonces el presidente ya podrá designar directamente al nuevo magistrado. Ese es su propósito final.
De esta forma la primera terna propuesta se integra con tres mujeres, clara y totalmente comprometidas con el llamado ’Gobierno de la 4ª Transformación’: María Estela de los Ríos actual consejera del Ejecutivo y quien ya lo fuera cuando López Obrador fue jefe de gobierno capitalino; Lenia Batres Guadarrama, exasesora y hermana de Martí Batres, actual jefe de gobierno capitalino; y Bertha María Alcalde Luján, también hermana de Luisa María Alcalde, actual secretaria de Gobernación, e hija de Bertha Lujan, destacada militante morenista.
Definitivamente en ninguna de ellas existen los requisitos de trayectoria judicial y solidez profesional, objetividad e imparcialidad necesaria para debatir y aprobar los asuntos que se presenten en la Corte, en el supuesto de ser aprobadas, razón por lo cual habrá una segunda terna donde seguramente los partidos de oposición respaldarán a la opción ’menos peor’ o con menor influencia partidista, lo cual resulta difícil de cumplir.
En la actual conformación de la Suprema Corte eran seguros tres votos en favor de las iniciativas presidenciales: el de Zaldívar y los de Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz, y aunque también propuso a Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá, ellas han actuado según su consciencia y ética jurídicas al negar se su voto las iniciativas presidenciales, razón por la cual desde han sido calificadas injustificadamente como traidoras de la 4-T.
Sin duda López Obrador logrará imponer una magistrada afín a sus intereses –porque sí cumplirá su promesa de proponer solamente a mujeres–, en espera de que si gana Sheinbaum la presidencia ella integre más magistrados morenistas y así tener el control del Poder Judicial.
Se podrá decir que López Obrador dejará la presidencia en octubre, pero así como entregó a Sheinbaum el supuesto ’bastón de mando’ –para ella el bastón y él con el mando–, probablemente y tal como sucedió hace casi un siglo, exista un nuevo Maximato, encabezado por quien ha anticipado que radicará en su rancho de Palenque, Chiapas.