La intención de transformar la antigua Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la República (FGR) era tener una mejor institución, más autónoma y totalmente imparcial al momento de la impartición de la justicia y, para ello, se designó como el primer titular a Alejandro Gertz Manero.
Él tiene una amplia trayectoria en el servicio público; ha sido desde coordinador nacional contra el narcotráfico en 1976 en la Operación Cóndor, secretario general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, procurador Federal de Defensa del Trabajo, secretario de Seguridad Pública en el entonces Distrito Federal, con Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles; con Vicente Fox fue su primer secretario de Seguridad Pública y académico en varias instituciones.
Sin embargo, desde su propuesta y ratificación, en enero de 2019, fue cuestionado por los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás y el Observatorio Designaciones Públicas, entre otros quiens cuestionaron la poca certeza que brindaba la ratificación del Senado.
Ya nombrado su actuar al frente de la FGR ha sido más que gris, incluso se le cuestionado su presunta autonomía al no realizar acciones verdaderamente trascendentes, al contrario ha estado pendiente de los deseos presidenciales expresados en las conferencias mañaneras para informar de los asuntos específicamente requeridos, así como intentar infructuosamente de desmentir la llamada ’Verdad Histórica’ sobre Ayotzinapa.
En cambio ha utilizado el cargo para asuntos personales como lograr la encarcelación de la viuda de su hermano y una sobrina, presuntamente por malos tratos cometidos contra su familiar, lo que no ha sido comprobado.
Desde hace una década intentó ser admitido en el nivel III del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, pero apenas lo logró en junio pasado, aunque se le criticó que uno de sus trabajos era un plagio. En venganza por no haber sido admitido antes, utilizó la denuncia de la actual directora de ese organismo para pretender detener a 31 académicos y científicos, lo cual le fue negado por un juez quien consideró que las acusaciones no configuran ningún delito.
Por supuesto esta maniobra ha sido denunciada y criticada por diferentes titulares de diversas instituciones de educación superior como Enrique Graue, rector de la UNAM, quien la calificó como ’un despropósito y acusación inconcebible’.
Con todo lo anterior surge una duda:¿éste es la tipo de justicia que se aplica en el actual gobierno federal, de uno que se dice diferente al de anteriores administraciones?