Ixtapaluca, México.- Yaneth es una joven madre de familia, a sus 24 años tiene un hijo que apenas empezó a caminar. El menor, su primer bebé, nació en el hospital Materno Leona Vicario, ubicado en la emblemática unidad habitacional San Buenaventura, el cual fue entregado por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto.
Fue en ese hospital donde Yaneth llevó al niño a sus primeras vacunas. Para su sorpresa, la cartilla de vacunación no es como era antes, con papel cartoncillo, imágenes a color y cuadros bien hechos para llevar un mejor control. La cartilla del menor es una copia de otra copia, poco legible en una hoja tamaño carta doblada por la mitad. Yaneth le preguntó a la enfermera si aquella hoja era provisional; ella le contestó que era ’mientras llegaban las cartillas originales’, pero desde entonces han pasado dos años y esa hoja en blanco y negro es la cartilla oficial.
Otra enfermera fue más sincera: ha habido muchos recortes de presupuetos y ’no hay cartillas’. No es solo eso, en varias ocasiones, pese a madrugar y estar en el hospital desde las cuatro de la mañana, su pequeño hijo no ha sido vacunado porque son ’insuficientes’ o ’no hay’, ’el gobierno no las ha mandado’, dicen las enfermeras.
Yaneth y su hijo no son un caso aislado, son el resumen de todo lo que está ocurriendo en el sistema de salud en México; el Gobierno de la República ha recortando año con año el presupesto destinado a la compra de vacunas para la primera infancia.
Un análisis de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia advierte que el sector de la primera infancia es el más afectado por las reducciones presupuestales, además de que los recortes vulneran los derechos y la salud de los niños y niñas.
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) discutido por los diputados en el 2022 para ejercerse en 2023, recortó 5 mil 875 millones de pesos, equivalente a 51 por ciento menos.
Esto ha provocado que hoy, según la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut), sólo uno de cada tres (en otras palabras, el 31 por ciento) de niños menores a dos años, cuentan con su esquema de vacunación completo. El 69 por ciento restante no ha sido vacunado.
Desde el 2020, el colectivo Pacto por la Primera Infancia (PPI), que aglutina a 173 organizaciones de la sociedad civil, como la Unicef y Save the Children, entre otras, lanzó una alerta dirigida al gobierno morenista donde advertía de los posibles daños que produciría la ’austeridad republicana’: 6.5 millones de niños menores de seis años están en riesgo y podrían verse afectados en su salud, desarrollo físico, intelectual y emocional, publicó en julio de aquel año.
Sin embargo, ni las alertas, ni las denuncias, ni la ruidosa realidad hace cambiar su política de salud a la 4T: los recortes aumentan de manera constante, la salud infantil está en el olvido y en el abandono. El pequeño hijo de Yaneth, así como otros 6.5 millones de infantes (según cálculos de la PPI), tendrán que sufrir la escasez y la falta de recursos que enfrenta el sistema de salud, que sobrevive con muy poco y es insuficiente.