Estado de México - El exalcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, y varios funcionarios de su administración (2019-2021) se encuentran bajo la lupa judicial tras ser denunciados penalmente por el presunto delito de "ejercicio indebido de funciones". La denuncia, relacionada con un pago ilegal de más de 33 millones de pesos a la empresa TANDEM RIDE, ha generado controversia y señalamientos de perjuicio al erario público.
A pesar de la presentación de la denuncia (TOL/FRN/FRN/107/303696/21/10) ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en 2021, hasta la fecha no se ha dictaminado la acción penal contra los imputados, lo que ha generado inquietud y cuestionamientos sobre la eficacia del proceso judicial.
En la denuncia, respaldada por pruebas documentales, se establece que Raciel Pérez Cruz y su administración permitieron un pago ilegal a TANDEM RIDE, a pesar de que la empresa no cumplía con la capacidad técnica y maquinaria requerida para operar el relleno sanitario de Tlalnepantla. Este acto habría causado un perjuicio considerable al erario público, sin que hasta ahora se hayan tomado medidas judiciales significativas.
José Luis Cortés Trejo, exregidor del ayuntamiento local, presentó la denuncia y destacó que la empresa TANDEM RIDE presentó bitácoras probablemente falseadas y carecía de la maquinaria certificada necesaria para operar el relleno sanitario. Además, se señala que la empresa no cumplió con el contrato abierto de prestación de servicios desde septiembre a diciembre de 2019 y de enero a marzo de 2020.
La denuncia también involucra a funcionarios municipales, incluyendo a Arlette Romero Chávez, subdirectora de Recursos Materiales; Nancy América Estudiante Negrete, Oficial Mayor; y Ana María Loa Pelcastre, de Enlace Administrativo de la Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano, durante el periodo 2019-2021.
El exalcalde Raciel Pérez Cruz, según la denuncia, tuvo conocimiento de las irregularidades y podría haber cancelado el contrato, evitando así el perjuicio al erario público. Sin embargo, se le acusa de autorizar el pago a pesar de la falta de cumplimiento por parte de la empresa.
El monto total del perjuicio a las finanzas públicas municipales se estima en 33,034,248.35 pesos, correspondientes al periodo desde septiembre de 2019 hasta marzo de 2020. Este presunto acto de corrupción pone de manifiesto la necesidad de una investigación exhaustiva y de la pronta actuación de las autoridades judiciales para esclarecer los hechos y aplicar la justicia correspondiente.
En medio de las acusaciones, la sociedad espera respuestas claras por parte de las instituciones encargadas de la impartición de justicia, y se plantean preguntas sobre la efectividad de los mecanismos de control y fiscalización en el ámbito municipal.