Sin duda los funcionarios implicados en la autollamada Cuarta Transformación se han especializado en desarrollar una especie de acrobacia verbal, es decir expresar una serie de argumentos ya sea para desconocer lo dicho anteriormente o para justificar alguna situación que puede resultar incómoda para las autoridades federales.
Por ejemplo, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, el 18 de octubre criticó la inseguridad en Guanajuato, Chihuahua y Nuevo León, gobernadas por la oposición, donde además de reprochar que los gobiernos estatales culpen a la federación por la inseguridad y puntualizó: ’Ya otro día les platicaré del desastre en Chihuahua, donde también es un gobierno emanado de Acción Nacional’.
Pero el 8 de noviembre, al visitar a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, López Hernández negó haber dicho que esa entidad es un desastre en materia de inseguridad y reiteró que es un tema donde Estado y Federación deben trabajar coordinados.
Hubo otra acrobacia en la comparecencia ante la Cámara de Diputados de Rosario Piedra Ibarra, quien justificó la recomendación emitida al INE –aunque carece de competencia legal para hacerlo–, para que se legisle en materia electoral y se reforme la Constitución, por una masacre sucedida en 1952 a fin de coadyuvar en combatir la impunidad, atropellos y ejecuciones extrajudiciales, es decir hace nada menos que setenta años.
Es decir emite la recomendación al Instituto Nacional Electoral cuando este organismo no siquiera existía en el pensamiento de los políticos mexicanos, por lo cual esa impugnación carece de bases sólidas para proceder.
Otro caso: en la conferencia mañanera del miércoles en Manzanillo, Colima, cuando José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, rindió su informe sobre la situación de la seguridad pública en esa entidad, admitió que a nivel nacional ocupa el primer lugar en robo de casa habitación, violencia familiar, homicidio doloso; segundo lugar en feminicidio; cuarto lugar en extorsiones, secuestro y narcomenudeo; sexto lugar en violación y en total de delitos en primer lugar.
Para minimizar esas cifras dijo que Colima es la cuarta entidad más pequeña en el país y en incidencia delictiva, los delitos por cada 100 mil personas. Entonces como apenas son 731 mil habitantes, no debe existir ninguna alarma. Con ello quiso achacar que en otras partes, como el Estado de México o en Guanajuato, por ejemplo, donde existe más población es más grave la existencia de ilícitos.
La realidad es que precisamente se realiza el comparativo de delitos por cada 100 mil habitantes para tener una idea de que tan grave es la inseguridad, sin importar la cantidad de población en cada entidad.
En fin, la acrobacia verbal es una actividad muy usual entre funcionarios federales, pero solo sirve para enmascarar la ineficiencia de las autoridades federales e intentar justificar que dice que se trabaja, pero de ninguna forma se resuelven las diferencias problemáticas sociales.